Por qué digo «no» al «pacto por la ciencia y la innovación»

El Ministerio de Ciencia e Innovación hizo público ayer el acuerdo de un «Pacto por la ciencia y la innovación» con determinadas asociaciones científicas, académicas, empresariales y sociales. La Asociación Hablando de Ciencia recibió una carta del Ministerio proponiendo la adhesión –y esta palabra tiene su importancia– a dicho pacto, y en el debate que siguió entre los socios acerca de la postura que debíamos adoptar, yo voté «no» a dicho documento.

Sirvan estas líneas para ofrecer una explicación algo más estructurada a mis motivos para rechazar la adhesión a ese documento.

Antes de entrar en materia, es lícito preguntar por qué yo, que no soy investigador ni estoy vinculado a ninguna institución científica, debería preocuparme –o siquiera dar mi opinión– sobre un tema que parece me es completamente ajeno. De hecho, habitualmente tengo que explicar por qué me interesa la ciencia o dedico tanto tiempo a su divulgación. Dependiendo del interlocutor el tono de mi respuesta varía, pero el fondo siempre es el mismo: ¿cómo es que no debería importarme?

Si ahora mismo lees esto en tu tableta, ordenador o teléfono móvil es gracias a la ciencia; si podemos alimentarnos de forma segura, ir a trabajar, volar en avión o tomar un medicamento es gracias a la ciencia. De hecho, yo no estaría aquí escribiendo esto si no fuera gracias a la ciencia. Por lo tanto, lo primero que debemos tener claro es que la ciencia es una cuestión trascendental que debería ocuparnos y preocuparnos a todos.

El «Pacto por la ciencia y la innovación» anunciado explicita que el conocimiento y la innovación son esenciales para mantener y mejorar el bienestar social y el crecimiento económico; que la investigación científica es fuente de valores y enriquecimiento cultural y que el gobierno apuesta por la ciencia y la innovación «como valor estratégico y pilar del bienestar y del crecimiento». Este posicionamiento es impecable; tanto, que esta serie de afirmaciones constituye un «lugar común» en todos los textos, tanto legislativos como institucionales, que guardan relación con la ciencia y la innovación. Tantas veces se han repetido estas expresiones que se han convertido en un «mantra», unas palabras huecas, diluidas al extremo, que se recitan como mero trámite.

Sin embargo, si seguimos leyendo el documento encontramos la clave, lo que realmente despierta el interés del gobierno para que este pacto se adopte ahora: «es el momento de hacer explícito el acuerdo existente de la sociedad civil española sobre el papel central de la ciencia y la innovación» ahora que la Unión Europea plantea un Programa de Reconstrucción. Ahora que –supuestamente– van a llegar muchos millones de euros. Ahora necesitamos hacer ver a Europa que la sociedad española apuesta por la ciencia, y que su dinero no hará sino reforzar esa «apuesta».

Mi primera objeción a la «adhesión» a este Pacto es que pienso que estamos ante una mera estrategia de mercadotecnia. Más fuegos artificiales. Y esto no es una crítica solo al gobierno actual. Me da igual el color político, los diferentes gobiernos llevan décadas ignorando la importancia de la ciencia y la investigación. Más parece que el gobierno quiere apuntarse ante la Unión Europa el tanto de haber unido a la sociedad civil bajo este pacto, cuando en realidad no se fijan medidas concretas. Además, hay que tener en cuenta que el objetivo final se plantea a 10 años vista. Cuán largo me lo fiais.

Y es que con financiación –solo con financiación– no se solucionan los problemas. A estas alturas nadie se engaña: el presupuesto lo aguanta todo (o casi todo) y lo que realmente importa es su «ejecución». Es decir, lo importante es que cada euro que aparece recogido en el presupuesto se gaste realmente. Y queridos amigos, la ejecución del presupuesto es una decisión que depende del político de turno. Y ya sabemos lo volubles que son.

Es bueno recordar que los poderes públicos vienen obligados a partir del artículo 44.2 de nuestra Constitución a promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Sin embargo, a pesar de que en principio todas las Administraciones son conscientes de la importancia de esta promoción –reconociendo que estamos ante un pilar fundamental del desarrollo económico y social de un Estado como hemos visto más arriba– no ha habido (y hasta ahora no se ha pretendido realmente), una política de investigación científica coherente, integral, diseñada teniendo en cuenta todos los sectores y factores implicados y con un respaldo económico adecuado.

La situación de emergencia sanitaria que atravesamos debido a la pandemia provocada por la COVID-19 no ha hecho sino mostrar nuestras vergüenzas. Hemos visto a las claras la precaria situación de la ciencia en nuestro país (recordemos que hace no muchos meses cuatro organizaciones científicas, médicas y universitarias (la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), la Crue Universidades Españolas (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) y la Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa), publicaron un comunicado en el que reclamaban a las autoridades gubernamentales los recursos necesarios para desarrollar las actividades de investigación imprescindibles para afrontar la situación).

Destacaría tres puntos que sobre los que, bajo mi punto de vista, habría que hacer hincapié:

La inversión económica por parte del Estado no basta por sí sola y debe ir acompañada de otra serie de medidas

La actuación de los poderes públicos a la hora de planificar una política científica debe venir acompañada de una iniciativa legislativa coordinada: es necesario afrontar una reforma de la profusa normativa que establezca unos principios claros que cohesionen esta actividad; una legislación que regule, guíe y facilite la participación y la contribución de los distintos sectores implicados (desde los centros universitarios, pasando por el tejido empresarial e industrial hasta la sociedad civil); que persiga una eficiencia real en la organización administrativa, eliminando las absurdas y pesadas trabas burocráticas que lastran desde hace décadas la labor de los investigadores; que consiga la tan ansiada coordinación en todo el territorio nacional, en aras a evitar actuaciones divergentes e inversiones superfluas; y que, de una vez por todas, preste especial atención, valore y reconozca el papel fundamental que lleva a cabo todo el personal dedicado a la actividad investigadora.

Las Cortes Generales deben tener una mayor intervención en la planificación de la investigación, no sólo en el momento de la elaboración de los presupuestos generales del Estado

La ciencia desarrolla una función normativa directa: son los supuestos en que se produce un llamamiento a la comunidad científica para que exprese su opinión acerca de diversos temas (a través de los órganos colegiados técnicos de orden médico por ejemplo, y otras comisiones técnicas consultadas por el legislador); así como para que facilite información derivada de la propia actividad científica que pueda ser relevante con vistas al desarrollo del articulado legislativo.

La función normativa indirecta, como apoyo al poder legislativo y ejecutivo, se realiza a lo largo del procedimiento de decisión política; o bien en la aplicación de los contenidos legislativos.

Y aquí es donde hay que señalar una reciente iniciativa que debería jugar un papel destacado: «Ciencia en el Parlamento». Tiene como objetivo que la ciencia y el conocimiento científico cumplan esa función normativa, que los científicos se posicionen como una de las fuentes de información a las que recurrir a la hora de formular propuestas políticas. Compuesta por científicos de diferentes campos, tratan de que los responsables políticos y el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación en España mantengan contactos regulares que permitan facilitar el empleo de la ciencia de manera efectiva para el asesoramiento de decisiones políticas. Habría que impulsar esta iniciativa, que va a cumplir dos años de andadura, para que arraigue y prospere.

Por último, no podemos dejar de lado la importancia del personal investigador

Desde hace pocos años venimos observando un crecimiento lento, pero constante, de la expresión pública del malestar de este colectivo mediante manifestaciones en diferentes ciudades, como a través de las redes sociales y medios de comunicación. Las denuncias de la difícil situación en la que se encuentran los investigadores de nuestro país se engloban bajo el paraguas del lema «sin ciencia no hay futuro».

Contamos con un sistema de becas obsoleto que no ofrece una mínima protección social como la que disfruta cualquier otro trabajador. No disponemos de los mecanismos adecuados para que estas personas, que han recibido una formación de primera calidad, puedan acceder a puestos laborales que les permitan obtener un mínimo de estabilidad profesional (eso de la «conciliación familiar» es como tratar de capturar un unicornio). Esto lleva a que el esfuerzo económico realizado por las instituciones públicas acabe malgastado: no tiene sentido formar personal investigador que luego nunca va a llegar a trabajar como tal, o que para serlo se vea obligado a abandonar nuestro país y desarrollar su labor en el extranjero.

Son muchos los frentes abiertos.

Por ello no necesitamos más «pactos» por la ciencia. Necesitamos que los políticos, empujados por el clamor cada vez mayor de la sociedad, se propongan de una vez por todas hacer que la ciencia sea un verdadero pilar de nuestro bienestar.

ACTUALIZACIÓN 24/11/2020

Actualizo esta anotación para incluir la primera de dos ediciones del Programa radiofónico «El radioscopio» que se emite en Radio Andalucía Información, donde se explica cómo afrontan el día a día los investigadores en España. Como se expone, lo hacen «sin lloros, con datos, y con tres expertos que analizarán la situación desde diferentes ópticas». En fin, se trata de un programa que viene como anillo al dedo para esta anotación:

El Radioscopio – 13/11/2020 23:00:00 (puedes acceder a todos los programas aquí):

José Luis Moreno

Licenciado en derecho. Máster en Bioderecho. Doctorando en Ciencias Jurídicas

No soy científico. Mi trabajo diario no está relacionado con la ciencia ni con el periodismo. Por lo tanto, una buena pregunta sería ―y es cierto que me la han planteado alguna vez― por qué dedico tanto tiempo a leer y a escribir sobre temas científicos. Y mi respuesta es que es una necesidad.

afanporsaber.com/